El 23 de abril de 2024, cuarenta y nueve empleados de los Museos Vaticanos presentaron una demanda colectiva ante la gobernanza del Papa Francisco solicitando mejoras en condiciones laborales, transparencia en ascensos, y cumplimiento de normas italianas sobre bajas por enfermedad. La demanda, hecha pública recientemente en medios italianos, también incluye preocupaciones sobre la reducción de guardias de seguridad y las grandes aglomeraciones. La oficina laboral del Vaticano tiene un plazo de 30 días para responder, con posibilidad de llevar el caso a la justicia vaticana o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de que la Santa Sede no es miembro de este tribunal ni ha firmado la Convención Europea de Derechos Humanos. Este caso resalta discrepancias entre las prácticas laborales del Vaticano y las normas laborales europeas comunes, en un contexto donde los Museos Vaticanos constituyen una fuente principal de ingresos para la ciudad-Estado.